Las normas que respaldan la finalidad de Vía Segura, explicadas de forma sencilla y con enlace a su texto oficial.
Este resumen es informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para el texto vigente, consulta siempre las versiones consolidadas enlazadas. Citar una norma no significa que todas las comunicaciones enviadas a Vía Segura queden automáticamente amparadas por ella: cada norma se aplica a las entidades y situaciones que ella misma define.
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario
Artículo 19 · Contenido y alcance de la administración de las infraestructuras ferroviarias. La administración de las infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General comprende su mantenimiento, explotación y renovación, así como la gestión de sus sistemas de control, de circulación y de seguridad. La ley la califica como un servicio de interés general y esencial para la comunidad.
Artículo 23 · Funciones de los administradores generales de infraestructuras ferroviarias. Entre sus funciones están la administración de la infraestructura y el control, la vigilancia y la inspección de la infraestructura y de la circulación sobre ella. El apartado 4 establece que deben actuar teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario, y conforme a los principios de transparencia, no discriminación, imparcialidad e independencia.
A quién se aplica: a las entidades públicas empresariales que administran la Red Ferroviaria de Interés General (art. 22): actualmente, Adif y Adif Alta Velocidad.
Directiva (UE) 2016/798, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad ferroviaria
Es la norma europea de seguridad ferroviaria y se aplica en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 4 · Funciones de los agentes del sistema ferroviario. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias son responsables de la explotación segura de su parte del sistema ferroviario y del control de los riesgos asociados, y deben aplicar las medidas de control de riesgos necesarias.
Artículo 9 · Sistemas de gestión de la seguridad. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias deben establecer un sistema de gestión de la seguridad para garantizar que el sistema ferroviario alcanza, como mínimo, los objetivos comunes de seguridad.
Supervisión: cada Estado designa una autoridad nacional de seguridad. En España es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. En España, la Directiva se incorporó, entre otras normas, mediante el Real Decreto 929/2020.
Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias
Artículo 4 · Funciones de los agentes del sistema ferroviario. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias son responsables de la explotación segura del sistema ferroviario y del control de los riesgos relacionados, cada uno respecto de la parte del sistema que le compete. Deben aplicar medidas de control de riesgos, cumplir la normativa de seguridad y responder de su parte del sistema ante usuarios, clientes, trabajadores y otros agentes. El mismo artículo obliga a los agentes a corregir y comunicar los riesgos que detecten.
Artículo 13 · Sistemas de gestión de la seguridad. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias deben establecer su propio sistema de gestión de la seguridad, que incluye, entre otros elementos, una política de seguridad, procedimientos, formación e investigación de accidentes.
A quién se aplica: a los agentes del sistema ferroviario, cada uno en su ámbito. No impone obligaciones a Vía Segura.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Se aplica a las entidades enumeradas en su artículo 2.1, entre ellas las administraciones públicas y las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ellas, categoría en la que se encuadran entidades públicas empresariales como Adif.
Publicidad activa (art. 5 y siguientes): esas entidades deben publicar de forma periódica y actualizada la información relevante sobre su actividad.
Derecho de acceso (art. 12): todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, entendida como los contenidos o documentos que obren en poder de esas entidades y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones (art. 13), con los límites que establece la ley.
A quién se aplica: a las entidades de su ámbito, no a Vía Segura, que es una iniciativa privada. Cualquier persona puede usar el derecho de acceso para solicitar información sobre la infraestructura.
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Regulan cómo deben tratarse los datos personales. Se aplican a Vía Segura como responsable de los datos que recibe (contactos opcionales, datos de quienes envían respuestas o solicitudes de corrección y cualquier dato personal que aparezca en una denuncia). Por eso pedimos el mínimo de datos, ciframos el contacto y las observaciones privadas y eliminamos los datos personales de la versión pública.
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Protege frente a represalias a quienes, en un contexto laboral o profesional (art. 3), informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea o sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave (art. 2).
Su aplicación depende de que se cumplan sus requisitos, entre ellos usar los cauces que la propia ley prevé: el sistema interno de información de la entidad (cauce preferente), el canal externo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante o, en las condiciones que la ley fija, la revelación pública.
Para quien informa: Vía Segura no es el sistema interno de ninguna entidad ni una autoridad de protección del informante. Enviar una comunicación a Vía Segura no implica por sí mismo la protección de esta ley. Si quieres acogerte a ella, consulta sus requisitos o pide asesoramiento a tu sindicato o a un profesional.
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación
Reconoce a toda persona, física o jurídica, el derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social sobre hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio (art. 1). La rectificación se dirige por escrito en los siete días naturales siguientes a la publicación (art. 2).
Con ese mismo espíritu, cada ficha de Vía Segura incluye un canal para solicitar correcciones o rectificaciones. Las solicitudes se revisan y, cuando procede, la corrección se refleja en las actualizaciones de la incidencia.